Policía Local y Tribunales

2011-11-08 


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MANUEL JESÚS VILLA MENÉNDEZ | SECRETARIO GENERAL DEL SIPLA-CSL

En términos judiciales existe la expresión 'leguleyo' que define a aquel abogado que abusa de trucos y artimañas para conseguir retorcer y estrujar a la justicia y desvincularla de esa finalidad que tiene y que se refleja en una balanza con dos platos en los que cada parte debe colocar sus argumentos, para que finalmente el juez decida; nosotros entendemos que el pleito se debe dilucidar observando dichos argumentos y no si el plato de la balanza es o no el reglamentario. Pues bien, eso es lo que entendemos que ha ocurrido en este caso, y así, entre personas sin moral ni principios, abogados mediocres y políticos apoltronados se bate nuestro sistema judicial y por ende la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva ha de dar respuesta firme y coherente en clave de justicia material, así lo quiere nuestra Constitución y no solamente que un juez aplicando derecho zanje un litigio, es decir, velar por que los efectos y alcances de la sentencia sean cumplidos en sus justos términos, impidiendo que la administración con nuevos actos burle la decisión judicial tomada.

Se podría decir que es indignante, burlesco e inmoral que la administración después de dos sentencias estimatorias en primera y segunda instancia, en sentencias contencioso-administrativa, apoyándose en informes sin fundamento dicte un nuevo acto encaminado a no cumplir la sentencia y por lo tanto no corregir la ilegalidad cometida. El nuevo acto que dicta la administración desde el punto de vista formal es distinto con un objetivo claro de burlar las sentencias y que perdure en el tiempo la decisión administrativa contraria a derecho, beneficiando a los afortunados con el beneplácito de la organización. La Administración es consciente que el nuevo acto burlesco, si es impugnado, abre una nueva vía judicial con sus nuevos plazos que alargarían muchísimo en el tiempo una nueva decisión judicial, tiempo que aprovecharían para mantener en sus puestos a los favorecidos, es decir al final no cambia nada, todo sigue igual a pesar de la ilegalidad y todo porque alguna autoridad sin escrúpulos mueve los hilos para no reconocer su metedura de pata en el proceso.

Este escenario es en el que se mueve la tan sonada sentencia de Cabos de la Policía Local de Avilés. El SIPLA, en la ejecución de sentencia, ya advirtió al Juez de que intentarían dejar sin efecto la ejecución de sentencia con un nuevo acto administrativo y de este nuevo acto burlar la decisión judicial y por lo tanto nos reservábamos el derecho de pedir nueva intervención judicial de revisión de ejecución, ya que conocíamos el modo de actuar por parte de la administración para recuperar la situación anterior que no es ni más ni menos que seguir manteniendo a los candidatos ilegalmente seleccionados. En conclusión, el SIPLA ante teles despropósitos plantea ante los juzgados un supuesto delito de prevaricación, ya que se insta a que se dicte una resolución injusta, la comisión de servicios, para eludir la ejecución de sentencia a sabiendas de que es contraria al mandato judicial.

Ante este panorama solo pedimos al político cordura y responsabilidad ante la próxima decisión que decidan tomar, no en vano su proceder será analizado por el ciudadano y de su decisión dependerá su credibilidad.